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La protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en el artículo 36 de esta Ley y en las normas que lo desarrollen, en la normativa de la Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España. El asilo es un derecho humano.

El principio de legalidad establece que la extradición solo puede llevarse a cabo si todos los requisitos legales involucrados en el proceso se cumplen.

Una vez recibida la solicitud, el Ministro de Justicia la analiza para comprobar su cumplimiento con los requisitos establecidos por los tratados internacionales y la legislación nacional. En caso de que sea aceptada, se procede a iniciar el proceso de extradición.

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En primer lugar, es necesario determinar si el delito económico por el cual se solicita la extradición es considerado punible en ambos países involucrados.

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Negociar con las autoridades del país requerido las condiciones de la extradición, como la custodia del individuo durante el traslado y las garantías de un juicio justo.

Este órgano judicial, reconocido por su imparcialidad y diligencia en la resolución de casos, desempeña un papel clave en el sistema judicial español en cuanto a la extradición. Su compromiso con la legalidad y los derechos fundamentales de los acusados garantiza un proceso justo y equitativo.

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